Hilda cierra sus grandes ojos negros y respira aliviada después de que un tribunal le revocara una sentencia de un año de cárcel por abortar, en un fallo emblemático entre las centenares de denuncias de este tipo en México.

Esta mujer de 22 años, procedente de una zona rural de Tamuín, de San Luis Potosí, ha pasado por celdas, juzgados y tribunales acusada de un delito de aborto por la doctora que la atendió en julio de 2009 en el hospital local al que llegó con dolores en el vientre y sangrado.

La doctora supuso o quiso suponer que la joven, con unas semanas de embarazo, había tomado un medicamento para provocarse un aborto y condicionó la atención médica a que admitiera que esa era su intención, relató la propia Hilda.

“Entonces empecé a contestar todo lo que ella quería para que me atendiera”, explica la joven, quien ahora se siente con la libertad de contar todo lo que vivió después de que el 23 de agosto un tribunal de segunda instancia de San Luis Potosí dictara un fallo absolutorio a su favor. En este Estado, el aborto sólo está permitido en caso de violación.

Hilda recuerda que su calvario comenzó un día después de que se le practicara el aborto, cuando el personal del hospital permitió que unos policías entraran por ella y se la llevaran sin más prenda que una bata de enfermería a la comisaría municipal, donde estuvo detenida en una celda una noche y fue liberada bajo fianza con un proceso en su contra.

 

Tres años después fue detenida de nuevo. La mujer, madre de una niña de tres años, volvió a ser encerrada durante una jornada y luego liberada para seguir un angustioso proceso judicial en el fue sentenciada en 2010 a un año de cárcel por el delito de aborto.

En ese momento “me dije, aquí quedó todo, me van a meter a la cárcel, me van a separar de mi familia, de mi hija. Ese era mi miedo”, señala Hilda, que prefiere reservar su apellido, sentada en un jardín de la sede de la organización civil Grupo de Integración en Reproducción Elegida (GIRE), con su pequeña revoloteando al lado.

El fallo fue apelado por las representantes legales de Hilda que pertenecen al GIRE, una ONG que documenta este tipo de casos y que consiguió que el tribunal de segunda instancia desechara la acusación de la doctora, que era la única prueba en contra de la joven.

Hay que “felicitar al tribunal porque es la primera vez que vemos una sentencia como ésta (…) es un gusto que haya posibilidades y esperanzas de que esto suceda más a menud”, dice Regina Tames, directora de GIRE.

 

Denuncias por aborto

De acuerdo con un estudio difundido en abril por GIRE, más de 600 personas fueron denunciadas entre 2007 y 2012 en México por delitos relacionados con el aborto, de las cuales 151 fueron sometidas a un proceso penal y al menos 41 estaban encarceladas.

El aborto “es la decisión de cada quien y somos libres de decir lo que queremos hacer con nuestro cuerpo”, afirma la joven, que recuerda que la doctora que le practicó el aborto le reprochó su decisión y le espetó: “mira: éste era tu hijo ¿que no te da cosa?”.

Esa reacción de la doctora no es un caso aislado en al menos 16 de los 32 Estados mexicanos, en los que desde 2007 cambiaron las legislaciones locales para restringir el aborto. En esos Estados, el personal de salud prefiere evitar un proceso jurídico y “no atender a las mujeres, o se cubren denunciándolas”, explicó Tames.

El ambiente hostil hacia las mujeres que interrumpen su embarazo se agudizó por la reacción de grupos conservadores en algunas zonas del país después de que la capital mexicana, gobernada por un partido de izquierda, legalizara en 2007 el aborto voluntario dentro de las primeras 12 semanas de gestación. En este periodo se han realizado más de 100 mil abortos en la capital.

Según el último dato de GIRE, en 2009 se realizaron más de un millón de interrupciones de embarazos en México, pero sólo una de cada seis mujeres que realizaron un aborto clandestino obtuvieron atención hospitalaria.

 

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