Fin del sueño cardenista

Redacción
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El Senado aprobó un proyecto de Reforma Energética que permite la inversión privada local y extranjera en la estratégica industria con nuevos tipos de contratos, en lo que sería la mayor apertura en décadas del reservado sector.

La iniciativa, que la Cámara de Diputados planea votar esta semana y que debe recibir además el visto bueno de los congresos estatales, plantea cambios a tres artículos de la Constitución e incluye desde licencias para explorar y explotar hidrocarburos hasta contratos de utilidad y de producción compartida.

El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto considera la iniciativa clave para aumentar la estancada producción de hidrocarburos y dar bríos a la segunda economía de América Latina, décima productora mundial de crudo.

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Al final de la votación en la Cámara alta, senadores del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del opositor Partido de Acción Nacional (PAN) -artífices de la reforma- gritaban “México, México” en señal de celebración.

Al mismo tiempo, los del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD) gritaban “consulta popular”, pues sostienen que la población debe ser consultada sobre temas relevantes para el país, como es el caso del petróleo y gas.

Según ese partido, la reforma permitirá la entrega de la riqueza energética a grupos extranjeros y a la larga derivará en aumentos de tarifas y precios, agotamiento prematuro de los hidrocarburos, despidos en la estatal petrolera Pemex y en la empresa de energía eléctrica y desabasto de gas, luz, gasolina y diésel.

Pero el gobierno, el PRI y el PAN dicen que es imprescindible para seducir los ingentes capitales que necesita la industria para elevar la producción y disminuir la dependencia de las importaciones de gasolina y gas para suplir la creciente demanda interna.

“Se tiene una buena reforma para México (…) este país se puede imaginar como un país más productivo, con más competencia”, dijo el senador David Penchyna, presidente de la comisión de Energía.

Durante las discusiones de la reforma, opositores al proyecto realizaron marchas e instalaron plantones alrededor del Senado, convertido en búnker desde hace semanas rodeado por cientos de policías y vallas.

Manifestantes de izquierda comenzaron el miércoles una protesta en los alrededores del edificio de la Cámara de Diputados, que dificultaba el ingreso de los legisladores.

La Cámara baja votará en comisiones la reforma el jueves y en el pleno de los diputados el viernes, aseguró una fuente legislativa.

 

Variedad de contratos

La producción de crudo de Pemex se ha reducido en una cuarta parte tras alcanzar un récord de 3.4 millones de barriles por día en 2004, pero para elevarla se necesitan miles de millones de dólares anuales dado que las mayores reservas están en aguas del Golfo de México.

La iniciativa energética representa la médula de una agenda de reformas lanzada por Peña para modernizar el país de casi 118 millones de habitantes y de los cuales alrededor de la mitad vive en la pobreza.

Aunque aún faltan reglamentaciones, en el primer año de gobierno han sido aprobadas varias reformas como la fiscal, de telecomunicaciones, financiera y educativa.

La reforma energética permitirá que Pemex se asocie con empresas privadas o éstas vayan en solitario o asociadas en modalidades que incluyen desde contratos de servicios; de utilidad o producción compartida o de licencias, para la exploración y extracción de crudo e hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos.

Por otra parte, se prevé como contraprestación por parte del Estado el pago en efectivo, para contratos de servicio; un porcentaje de la utilidad, para los de utilidad compartida; un porcentaje de la producción obtenida, para los de producción compartida; así como la transmisión de hidrocarburos una vez extraídos del subsuelo, para las licencias.

La reforma terminó siendo más abierta que la que puso sobre la mesa el gobierno, que propuso en agosto contratos de utilidad compartida para atraer capitales privados pero el PAN lo consideró insuficiente y presionó por concesiones. No obstante, en las discusiones ambas fuerzas fueron alcanzando acuerdos.

Los senadores izquierdistas no participaron nunca en las negociaciones con las otras fuerzas políticas para la elaboración del dictamen de la reforma energética pues el bloque nunca estuvo de acuerdo en reformar la Constitución.

La izquierda apuesta a que en el 2015 pueda darse marcha atrás a la reforma energética mediante una consulta popular incluida en una reforma que está procesándose en el Congreso.

“Estoy convencido que la gente va a ir a participar (en la consulta popular) como si fuera una elección presidencial”, dijo el jefe del PRD, Jesús Zambrano, durante una protesta de cientos de personas contra la reforma en los alrededores del monumento a la Independencia.

 

¿De quien es el crudo?

El dictamen también ratifica que México seguirá siendo propietario de los hidrocarburos, pero permitirá a las empresas que reporten para efectos contables y financieros la asignación o contrato y beneficios esperados, siempre y cuando se afirme que los hidrocarburos son propiedad de la Nación.

Para algunos expertos el hecho de que las empresas reporten reservas de hidrocarburos en sus balances no equivale a que puedan reclamar su propiedad y que más bien obedece a reglamentaciones del mercado de valores de sus países.

Para otros, el lenguaje del proyecto de ley es vago porque no explicita cómo el operador podría reportar el beneficio económico esperado, en unidades volumétricas o en unidades monetarias. Los detalles deberían precisarse en las leyes secundarias, las cuales se esperan sean aprobadas en el 2014.

México nacionalizó en 1938 la industria petrolera y la soberanía y propiedad sobre los hidrocarburos siempre ha sido un tema álgido, que impidió reformas profundas al sector durante años e incluso fueron bloqueadas por el PRI cuando estuvo en la oposición entre el 2000 y el 2012.

La reforma también prevé la creación del llamado Fondo Mexicano del Petróleo para manejar la renta petrolera que será administrada por un fideicomiso en el banco central.

Respecto al sector eléctrico, la iniciativa propone que respecto a la transmisión y distribución de energía no se otorguen concesiones, pero que el Estado podría celebrar contratos con particulares en las demás actividades de esa industria.

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El optimismo priista

El senador priista Emilio Gamboa consideró que en dos años podrían verse los beneficios de la reforma energética, como la disminución de tarifas de electricidad y gas, para ser más competitivos y que llegue a las casas de los más necesitados.

 

Miguel Ángel Gutiérrez / Dave Graham

 

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