A las 21.03 horas del 15 de abril de 2017, la Procuraduría General de la República informó a través de su cuenta de Twitter @PGR_mx: “Hemos detenido a Javier Duarte con el apoyo de la República de Guatemala”.

Lo anterior fue sin duda la nota de titulares de la prensa en México y el extranjero. El diario español El País titulaba: “La detención de Javier Duarte cierra el mayor escándalo de impunidad política de la etapa de Peña Nieto” – circunstancia que para ser francos dista mucho de la realidad.

Desagreguemos algunos elementos. La detención de Duarte se enmarca en un enrarecido clima electoral, las apretadas expectativas en la elección del Estado de México, las cuales han cambiado sorpresivamente los acuerdos de impunidad entre las elites que gobiernan. La posible victoria de la Profesora Delfina Gómez, alfil de López Obrador, frente al delfín de Atlacomulco, Alfredo del Mazo, reemplaza por completo el tablero electoral de cara a la madre de todas las batallas, las elecciones presidenciales de 2018, en las que hasta ahora en todas las encuestas se da una sólida ventaja al tabasqueño en cualquier combinación y ante cualquier rival – hasta aquí la acotación.

Ahora bien la historia de Duarte es una novela anteriormente vista, recordemos que Guatemala es la segunda ocasión que detiene en su territorio a un objetivo prioritario prófugo de la justicia. En 1993 el Ejército Guatemalteco detuvo a Joaquín Loera “El Chapo” Guzmán, posterior a ello se generó la parafernalia del capo de Sinaloa, detención que se dio en un clima enrarecido de cara a la elección presidencial. Ahora, de igual manera como hace 24 años, Guatemala, previó a un proceso electoral que enmarcará el juego de la silla presidencial, detiene sorpresivamente al ex gobernador defenestrado por corrupción, quien difícilmente restituirá al erario los recursos robados.

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Si bien, el combate a la corrupción ha sido uno de los temas más sentidos en la presente administración federal, las acciones de disuasión y combate son claramente inoperantes. Pues si bien no es un hecho reciente en el país, los datos indican que el problema ha escalado en la percepción de los mexicanos. Desde agosto del año pasado se evidencia un repunte importante entre quienes califican de forma negativa el trabajo realizado en el combate a la corrupción. Actualmente, sólo 13% considera bueno el desempeño del Presidente frente a un 68% que considera su labor como muy mala o mala para frenar el flagelo.

Sin embargo, en política toda combinación es la suma de factores para un fin ulterior, en donde la aparente voluntad política no es suficiente para que las instituciones desempeñen una función clave que mejoren la eficacia del gobierno en materia de combate a la corrupción. Demos algunas pistas, dar pauta a un compromiso creíble y sin restricción para consolidar un incipiente Sistema Nacional Anticorrupción es un propósito que se ve cada vez más lejano ante los traspiés que desde la sede parlamentaria se han puesto para la inoperatividad del propio sistema.
De modo que hace falta mucho para cambiar el tradicional servilismo parlamentario por un ejercicio más responsable de la función legislativa en donde los diputados y senadores conciban a la ley como un dispositivo que proporciona un lenguaje, una estructura y una formalidad particulares para ordenar las cosas que ya están descompuestas bajo una lógica más racional y no sólo como artificio cosmético.

Lo anterior, nos lleva a aventurar conclusiones preliminares y sostener la necesidad de contar con políticos más profesionales que comprendan la necesidad de fortalecer sociedades que promueva la rendición de cuentas como única vía para cambiar las reglas no escritas del perverso juego de los absurdos del poder.

Soy partidario de una de las premisas sostenidas por el “Word Development Report 2017”, en el sentido de afirmar que “la ley puede efectivamente reestructurar las preferencias y coordinar las expectativas sobre cómo se comportarán los demás, sirviendo como un punto focal. De esta manera, el derecho puede actuar como una señal -una expresión- para guiar a la gente sobre cómo actuar cuando tienen varias opciones o (en términos económicos) la presencia de equilibrios múltiples”. Lo cual será una realidad cuando los creadores y operadores del derecho sean más profesionales en el ejercicio de su función, evitando que más Duartes se burlen sínicamente de la ley y su aplicación como hasta ahora acontece.

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