El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Fernando Franco González, admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad que promovió la dirigencia nacional de Morena contra los poderes Ejecutivo y Legislativo del estado de Puebla.

En un comunicado precisó que lo anterior tiene el propósito de impugnar las recientes reformas a la Constitución Política de esa entidad.

Se indicó que el partido promovente demandó a la SCJN invalidar las reformas a los artículos 57, 61 y 75 de la Constitución de Puebla aprobadas el pasado 30 de julio, que permiten al ganador o ganadora de los comicios rendir protesta únicamente ante el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la entidad y no ante al Congreso.

Al admitir la demanda, el ministro instructor requirió al Congreso del Estado de Puebla para que dentro de un plazo de seis días naturales posteriores a la notificación rinda su informe ante el alto tribunal.

Con el informe, también debe enviar a la SCJN copia certificada de los antecedentes legislativos del decreto impugnado, incluyendo las iniciativas, los dictámenes de las comisiones correspondientes, las actas de las sesiones en las que se hayan aprobado y en las que consten las votaciones de los integrantes de ese órgano legislativo, así como los diarios de los debates.

Al Poder Ejecutivo le requirió para que, con su informe, exhiba un ejemplar del Periódico Oficial de la entidad en el que conste la publicación del decreto legislativo impugnado, apercibiendo a ambas autoridades de que, de no cumplir con lo anterior, se les aplicará una multa en términos del Artículo 59, fracción I, del indicado Código Federal.

A detalle

También instruyó dar vista a la Procuraduría General de la República con copias simples del escrito y anexos de cuenta para que, en su caso, antes del cierre de instrucción, formule el pedimento que le corresponde, así como solicitar a la presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que, dentro del plazo de 10 días naturales, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del acuerdo, exprese por escrito su opinión en relación con la demanda.

Finalmente, en el acuerdo requirió también al presidente del Instituto Electoral del Estado de Puebla para que, dentro del plazo de tres días naturales, informe al alto tribunal la fecha en que iniciará el próximo proceso electoral en la entidad.

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