El gobierno de Nuevo León informó del arraigo de tres mandos penitenciarios y 26 custodios del penal de Apodaca, por el delito de evasión dolosa de reos, luego de los acontecimientos del domingo pasado donde murieron 44 reclusos.

El vocero de Seguridad, Jorge Domene Zambrano, informó que a raíz de estos eventos se citó a investigación a 55 personas que laboran en esta penitenciaria, de las cuales hasta este momento se ha solicitado el arraigo de 29.

Entre estos destacan Gerónimo Miguel Andrés Martínez de 50 años de edad, director del Centro de Reinserción Social de Apodaca, así como el subdirector, Juan Hernández Hernández de 37 y el Jefe de Seguridad, Oscar Laureno Deveze de 37 años.

La lista de arraigados la completan, Víctor Manuel Valdez García, Miguel Angel Lugo Limones, Guadalupe Núñez Villarreal, Eduardo Soto García, Victor Romero Morales, Cornelio Modesto Aguilar Jalomo, José Maria Rincón Rico y Marcos Ibarra Jiménez.

De igual manera, quedaron a disposición de un agente del Ministerio Público, Anastasio Antonio Celestino, Ramiro Cortéz Garza, Abel Erasmo Esparza Gómez, Javier Luna Jiménez, Jesús Hernández Garay, Gilberto Monsiváis Páramo, Saúl Federico Ramos Morín, Claudio Sánchez López y Jesús Solís Rangel.

Los últimos de este grupo de arraigados, son José Luis Martínez Jerezano, Antonio Molleda Rivera, César García Hernández, Domingo Daniel de León Saldierna, Moisés López Flores Rolando Moreno Martín, Alejandro Arrioja Castillo y Lorenzo Vázquez Rodríguez.

“De todos ellos se ha solicitado el arraigo por el delito de evasión dolosa de presos, esta condición de arraigo permitirá las investigaciones para esclarecer los hechos que acontecieron la madrugada del domingo”, dijo Domene, previo a la presentación de los 29 arraigados.

Por su parte, el Procurador General de Justicia del Estado (PGJE), Adrián de la Garza Santos, dijo que derivado de las investigaciones se pueden sumar otros delitos para consignárseles ante el juez de la causa.

“Son 29 en este momento –los arraigados- este número de personas puede aumentar o bien descartar algunos”, agregó y subrayó que “las investigaciones han arrojado que sí hubo participación de algunos directamente y otros participaron de manera omitiva en la fuga”.

Asimismo, dijo “recordemos que estamos también investigando el tema de los homicidios que se cometieron en el interior del penal, que hasta este momento, por lo que podemos deducir, muy probablemente no se trate de riña, sino que fueron ataques directos hacia ciertas personas que se encontraban ahí”.

Agregó que en el caso de los cuatro mandos penitenciarios que fueron separados hasta este momento, sólo se ha encontrado responsabilidad en los tres citados, por lo que sigue pendiente el caso del comandante de Administración Penitenciaria, Ernesto García Guerrero, quien sigue bajo investigación.

Precisó que la indagatoria se amplió incluso a otros custodios que no estaban trabajando y resaltó que existen datos “los cuales indican que recibían dinero periódicamente” sin mencionar cantidades.

Al término de la conferencia de prensa, los 29 arraigados fueron presentados ante medios de comunicación en los patios de la AEI.

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Quitarán a cárceles locales custodia de reos federales

El gobierno federal informó que al final de esta administración los casi 45 mil reos federales ubicados en cárceles locales estarán bajo su custodia.

El secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, señaló que con una inversión es de 32 mil 800 millones de pesos se construirán ocho cárceles en el país que entrarán en funcionamiento antes de finalizar el año y que tendrán una capacidad de 20 mil nuevos espacios.

 Hoy día del total de reos, 47 mil son del fuero federal y de esos ya llevamos más de 18 mil en el ámbito federal; es decir, ya tenemos arriba de 30 y tantos por ciento del total de reos federales en el fuero federal”, expuso en rueda de prensa.

Poiré Romero destacó que históricamente todos los prisioneros del ámbito federal estaban en penales estatales y que al inicio de esta administración había 210 mil internos en todo el país, de los que sólo 1.5 por ciento, esto es tres mil 164, se ubicaban en cárceles federales.

Ahora ocho por ciento de los más de 230 mil encarcelados que hay en todo el país y que representan 18 mil 283, están bajo custodia federal, detalló el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Recordó que mientras en diciembre de 2006 se contaba con seis Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos), para diciembre de 2011 ese número se duplicó.

“Al finalizar la administración se habrá incrementado. No solamente se tendrá la totalidad de los reos federales bajo custodia, sino que se habrá incrementado hasta 14 veces el número estimado de reos que estarán bajo custodia federal en tan sólo seis años, al pasar de los tres mil 164 a una capacidad de casi 45 mil”, acotó el funcionario.

En torno al caso del penal de Apodaca, de donde se fugaron 30 reclusos y murieron otros 44, destacó que el gobierno federal coadyuvará con las autoridades locales.

Sin dejar de reconocer el trabajo “serio e institucional” que hace el gobernador neoleonés, Rodrigo Medina, en la renovación de las distintas áreas de sus instituciones de seguridad pública de esa entidad, llamó a acelerar la transformación penitenciaria del país.

 

Aseveró que en el gobierno federal “seguiremos apoyando los esfuerzos de las distintas autoridades estatales, pero sí hay que señalarlo. Es pertinente acelerar en los distintos componentes que se necesitan para garantizar la seguridad penitenciaria en todo el país”.

El responsable de la política interna del país señaló que durante la administración del presidente Felipe Calderón no se han registrado incidentes en prisiones federales como los ocurridos en penales locales, como el caso de Apodaca.

“Y sí vamos a tener la totalidad de los reos del fuero federal en custodia de autoridades federales al finalizar la administración. La tarea es que todos hagamos lo que nos corresponde”, destacó.

En este marco, el funcionario federal hizo notar el histórico programa del gobierno federal para ampliar la capacidad instalada de los penales, con el fin de dar cabida a los reos más peligrosos, en particular a los del ramo federal.

A su juicio, los incidentes ocurridos en los centros de reclusión locales son producto de la violencia con la que los criminales intentan tomar control de las cárceles.

“La ampliación de la capacidad instalada del gobierno federal ha venido acompañada por políticas de apoyos y subsidios a las autoridades locales para el fortalecimiento de su infraestructura en materia de seguridad pública y penitenciaria”, añadió.

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