Piden al Congreso se despenalice el aborto en Puebla

Por Rafael Vega

En Puebla, un total de 15 mujeres esperan una sentencia condenatoria por parte del Tribunal Superior de Justicia por practicarse un aborto; en tanto, la Fiscalía General del Estado procesó por este delito a 69 poblanas, de 2009 a 2018, informó Rubí Cervantes, Jessica Pérez y Nataly Hernández, integrantes de diversas ONG, quienes impulsan la campaña “Por el Acceso al Aborto Legal y Seguro en Puebla”.

Explicaron que muchas mujeres optan por interrumpir sus embarazos en la clandestinidad, o bien hacerlo de manera legal en la Ciudad de México, donde la Ley permite esta práctica antes de las 12 semanas de embarazo.

Nataly Hernández destacó que en México la cuarta causa de muerte materna es por los abortos inseguros; sin embargo, en los estados donde es legal interrumpir el embarazo no existen registros por decesos en este rubro.

Agregó que de 2007 a 2019, mil 303 poblanas acudieron a diversas clínicas de la Ciudad de México para practicarse un aborto.

“Es obligación del Estado y de los servicios de salud aplicar la norma 046 que permite que las mujeres víctimas de violación puedan interrumpir legalmente el embarazo, sin tener que presentar denuncia”.

Durante la Jornada por el Derecho a Decidir de las Mujeres, organizada por la CNDH de la Ciudad de México, informó que el 96% de las mujeres que decidieron abortar pertenecían de forma mayoritaria a tres estados; Ciudad de México con el 56% de los casos, Estado de México con el 30% de los casos y Puebla con el 14%.

Del total de estos casos, 47.1% de las mujeres a las que se les practicó interrupción del embarazo tenían entre 18 y 24 años de edad; 4.9% eran adolescentes de entre 15 y 17 años de edad, y solo el 0.7% correspondió a embarazos infantiles, de los 11 a los 14 años.

Puebla, entre los estados con penalidades más altas

De acuerdo a un estudio del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), Puebla, junto con otros siete estados de la República, mantiene las penalidades más altas por aborto.

En este sentido, indicó que las sanciones es la prisión de uno a cinco años sin que se contemple otro castigo como la multa económica o trabajo comunitario, mientras que el personal médico involucrado en estas prácticas, enfrentan penas de uno a tres años de prisión y la suspensión profesional de dos a cinco años.

Ante este panorama, las activistas solicitaron a los diputados locales considerar cambios en la Ley para despenalizar el aborto, con el fin de evitar violentar los derechos de las mujeres para acceder a mejores servicios de salud para evitar casos de deceso por la práctica ilegal de abortos.