El Procurador General de Justicia, Erick Holder, notificó a legisladores republicanos su intención de no facilitar más información interna sobre las deliberaciones en torno al programa “Rápido y Furioso”.

Al comparecer por sexta ocasión ante un panel legislativo en torno al controversial programa, Holder defendió además la respuesta que su agencia ha dado a la investigación legislativa en curso.

Holder citó precedentes ejecutivos para proteger documentos internos, cuya revelación pública insistió, tendría un negativo efecto en estas deliberaciones conducidas entre agencias del gobierno.

“Administraciones anteriores han reconocido que una comunicación interna robusta y la habilidad del poder ejecutivo para responder a requerimientos legislativos se vería afectado si se revelaran nuestras comunicaciones internas”, dijo.

Al hablar ante el Comité de Supervisión y Reforma del Gobierno de la Cámara de Representantes, Holder indicó que por esa razón “el Departamento no tiene la intención de producir material deliberativo adicional” sobre este operativo.

Consideró que la respuesta y la apertura que su oficina ha tenido frente a la investigación han sido amplias y sin precedentes, y como prueba de ello puso de relieve que la de este día era su sexta aparición ante un panel legislativo.

Citó igualmente más de seis mil 400 documentos que el Departamento de Justicia ha facilitado al Congreso y si bien reconoció que la comunicación en algunas instancias ha sido imprecisa, tales instancias fueron involuntarias y han sido corregidas.

A la vez Holder criticó el hecho de que los republicanos hayan aprobado leyes que han afectado la habilidad de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF) para atacar el tráfico ilegal de armas hacia México.

Asimismo hizo notar que desde la revelación del operativo su oficina no sólo ha implementado cambios internos para evitar la repetición de instancias como “Rápido y Furioso”, sino que ha fortalecido las instancias legales para atacar el tráfico ilegal.

Entre estas menciono la creación de una fiscalía especializada para atacar carteles mexicanos que pueden utilizar evidencia reunida en México para ser utilizadas en juicios en corte estadounidense.

 

 

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