Las ciudades mexicanas no miden los efectos que la congestión vehicular tiene en la población, por lo que los habitantes pagan los altos costos que genera este problema provocado por la falta de políticas públicas e inversión para garantizar mejores servicios de transporte público.

Esto se traduce en desigualdades para los ciudadanos. Los usuarios de transporte público pierden 69 mil millones de pesos en oportunidades de ingreso; en tanto, los que utilizan automóvil pierden 25 mil millones de pesos.

El estudio «El costo de la congestión: vida y recursos perdidos», realizado por el IMCO y SinTráfico, gracias a su red única de big data, que por medio de sensores recolecta información sobre condiciones de tráfico vehicular en tiempo real, analiza el impacto social y económico de la congestión vehicular en las 32 ciudades de mayor actividad económica del país, lo que lo convierte el primer estudio de este tipo en el país. 
 
Los resultados del estudio en cuestión señala que la congestión en las 32 ciudades cuesta 94 mil millones de pesos al año, el equivalente a tres veces la inversión proyectada para la Ciudad de México en transporte público de 2018 a 2024. 

Además, los costos abonan a la desigualdad social. Los usuarios de transporte público pierden 69 mil millones de pesos anuales en oportunidad de ingreso, casi  tres veces más en comparación de quienes usan automóvil, que pierden 25 mil millones de pesos.

En términos de tiempo, el costo de la congestión es de 100 horas anuales promedio por persona: los usuarios del transporte público pierden 118 horas al año, mientras que quienes usan automóvil pierden 71 horas.

La zona metropolitana del Valle de México, Monterrey, Guadalajara y Puebla –Tlaxcala son las ciudades con mayor costo en congestión vehicular.
 
En México, la mayoría de la población usa transporte público (TP) o camina, pero los gobiernos no le destinan recursos en la misma proporción. A pesar de que las ciudades recibieron 57 mil millones de pesos del fondo metropolitano en 2016, 18 de las 32 urbes analizadas no invirtieron nada en transporte público.

Para el automóvil invierten 47% del presupuesto asignado a movilidad cuando un 25% de la población lo utiliza.

Para el transporte público solo se destina el 1.2% del presupuesto asignado a movilidad y es usado por el 39% de la población. Proporciones similares se reproducen en casi todas las ciudades del país.


 
No obstante, IMCO y SinTráfico proponen una mayor inversión en transporte público seguro, eficiente y limpio conforme a la proporción de usuarios.

Además, plantea el mejorar la infraestructura para movilidad no motorizada.

Hacer que el transporte público sea financieramente sostenible, con descuentos para la población vulnerable, refieren las organizaciones.

Fomentar la evolución hacia las ciudades inteligentes con sistemas centralizados de información que ayuden a los usuarios a tomar decisiones multimodales para sus traslados.

Desincentivar el uso del automóvil a través de impuestos verdes, como es la tenencia; impuesto sobre gasolinas. Además, proyectan el eficientar el uso del espacio público: Parquímetros; cobro de vialidades urbanas; cargo por congestión; límites máximos de unidades.