La realización de operativos de migración es una constante. Tan solo en lo que va del año, el Instituto Nacional de Migración (INAMI) amplió su ámbito de acción dado el constante y repentino flujo migratorio desde el sureste en búsqueda del sueño americano, lo que constituye la principal crisis humanitaria latinoamericana en fechas recientes, ello a pesar de que durante campaña el presidente Andrés Manuel López Obrador asegurara la desaparición del Instituto y su transformación en una unidad administrativa especializada, cargo al que por razones desconocidas declinó el reconocido sacerdote jesuita defensor de los derechos humanos de los migrantes, Alejandro Solalinde.

“Vamos a restructurar el Instituto desde sus entrañas mismas, para que cambien la visión, no se criminalice al migrante y exista un respeto irrestricto a sus derechos”, señaló la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero en agosto de 2018.

Lo anterior es el marco para la narración de historias que suceden a diarios en la capital poblana. La realización de operativos a establecimientos conocidos como table dance, espacios de recreación de poblanos a quienes la sociedad ataca de doble moral.

El operativo que de origen iba por un comensal y acabó deteniendo a varias mujeres de origen extranjero con uso excesivo de la fuerza, los hechos ocurrieron a las primeras horas del sábado 23 de febrero. Tras la repentina aparición de oficiales de migración encapuchados, asistidos por fuerzas federales, y ante el temor de comensales y mujeres con diminuta ropa, ocasionó el caos y la confusión, una mujer que intentaba escapar subió al techo del establecimiento para luego aventarse a la calle y lesionarse, desconociéndose la gravedad de sus lesiones y quien fuera trasladada por una ambulancia de servicios de rescate a un nosocomio de la ciudad para luego tener que remitirla al centro de detención.

El saldo, 7 mujeres extranjeras detenidas.

No es la primera vez que estos operativos acontecen en la capital, a los dueños de los establecimientos les fijan multas que deben pagar pero que no representan mayor problema para sus negocios, regresando al mismo modus operandi de reclutar chicas extranjeras que ingresan al país con pasaporte de turismo y exceden su estancia regular para venir a prostituirse en este tipo de establecimientos que opera una red de trata aparentemente regular y que evidencia una manifestación clara de violencia económica de género de la que poco se habla en Puebla.

Las multas de acuerdo a la ley oscilan entre los 1,000 salarios mínimos.

Tome en cuenta

Hasta el año pasado, durante el gobierno de Peña, como igual sucedía con anteriores administraciones, existían componendas entre dueños de estos negocios y titulares del INAMI, quienes avisaban con antelación la realización de éstos para que los establecimientos tomaran sus prevenciones, previó acuerdo de dádivas mensuales que eran reportadas, se estima que el pago de coimas va de entre 10 mil hasta 50 mil pesos mensuales, por establecimiento comercial para mantenerse al margen de la ley.

Luego del triunfo de AMLO (agosto 2018), oficinas centrales ordenó un operativo simultáneo a varios centros nocturnos en Puebla mismo que concluyó con la deportación de una veintena de mujeres, principalmente de origen sudamericano.

A detalle

La explotación sexual de la que jóvenes mujeres son objeto en Puebla es una realidad disimulada que ha operado en la clandestinidad bajo el amparo de las autoridades locales y federales a lo largo del tiempo, de ahí la proliferación comercial de estos lugares que operan pasadas las 3 de la mañana y ofertan transitoriamente al público imágenes lesivas de mujeres con promociones de copeo a lo largo y ancho de la Ciudad, lo que constituye violencia explícita de género tolerada por la doble moral de las autoridades, desde la administración de José Antonio Gali Fayad.

Por GTF