Las expresiones homófobas y el discurso consistente en inferir que la homosexualidad no es una opción sexual válida sino una condición de inferioridad constituyen manifestaciones discriminatorias, que no están protegidas por el principio de libertad de expresión consagrado en la Constitución.

Así lo determinó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al resolver el amparo directo en revisión 2806/2012, donde se aprobó por mayoría el proyecto presentado por el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

En este caso, el órgano del máximo tribunal del país resolvió este asunto, donde se analizó, por primera vez en la jurisprudencia mexicana, el problema entre la libertad de expresión y las manifestaciones discriminatorias, específicamente las expresiones homófobas.

Al resolver el referido amparo directo en revisión, la sala analizó la fuerte influencia del lenguaje en la percepción que las personas tienen de la realidad, pudiendo provocar prejuicios que se arraigan en la sociedad mediante expresiones que predisponen la marginación de ciertos individuos o grupos.

Además la Primera Sala también estudió el papel de los discursos dominantes y los estereotipos, por lo que señaló que el lenguaje que se utiliza para ofender o descalificar a ciertos grupos adquiere la calificativa de discriminatorio.

De esta forma, refirió que las manifestaciones homófobas son una categoría de discursos del odio, los cuales se identifican por provocar o fomentar el rechazo hacia un grupo social y mediante las expresiones de menosprecio e insulto que contienen generan sentimientos sociales de hostilidad contra personas o grupos.

Por ello, la Primera Sala determinó que las expresiones empleadas en el caso concreto del estudio, consistentes en las palabras «maricones» y «puñal», fueron ofensivas.

Ello porque si bien se trata de expresiones fuertemente arraigadas en el lenguaje de la sociedad mexicana lo cierto es que no pueden convalidar violaciones a derechos fundamentales.

Además dichas expresiones fueron impertinentes, pues su empleo no era necesario para la finalidad de la disputa que se estaba llevando a cabo relativa a la crítica mutua entre Armando Prida y Enrique Núñez Quiroz, dueños de medios de los medios comunicación Síntesis e Intolerancia Diario, respectivamente la ciudad de Puebla .

 

La confrontación

El caso se originó en 2010, cuando Armando Prida Huerta, dueño del diario Síntesis, demandó a Enrique Núñez Quiroz, Intolerancia Diario, por una columna de agosto de 2009 en la que éste último se refirió al primero como «puñal» y sostuvo que sólo «maricones» escriben en su medio.

Tanto un juez local de Puebla, como una Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia estatal, condenaron a Núñez a indemnizar a Prida. Ante estos fallos, Núñez promovió un amparo directo, que le fue concedido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil en la capital poblana.

«Si bien los términos empleados por el enjuiciado (Núñez Quiroz) en su columna pueden molestar al actor», afirmó el tribunal colegiado, «lo cierto es que no son lo suficientemente insultantes o desproporcionados para considerar que la afectación al honor del enjuiciante debe prevalecer sobre la libertad de expresión del demandado, o su derecho de réplica; máxime que se da en un contexto de debate periodístico».

Curiosamente, el tribunal se basó en un criterio de la propia Primera Sala de la Corte que, al revisar un litigio entre el diario La Jornada y la revista Letras Libres a finales de 2011, había concluido que existe un amplio margen de libertad cuando existen confrontaciones entre medios de comunicación.

La sentencia de hoy fue aprobada por los ministros Arturo Zaldívar, Olga Sánchez Cordero y Jorge Pardo, con voto en contra de José Ramón Cossío y Alfredo Gutiérrez.

Cossío aclaró que, tratándose de dos periódicos, existe simetría entre los contendientes y por tanto libertad incluso para insultarse mutuamente.

(Con información de Notimex / Reforma / AP)