Ante la crisis sanitaria por el virus SARS-CoV-2, causante de la covid-19, existen interrogantes que los ciudadanos ponen sobre la mesa para atender la pandemia con recursos que sean aplicados a los temas de salud y no se despilfarren en otros asuntos que, ante el confinamiento aplicado en todos los países, consideran importante reasignarlo para dicho propósito.

Uno de ellos es el financiamiento de los partidos políticos. En el caso de México, el monto asignado por el Instituto Nacional Electoral (INE) fue de 5 mil 239 millones de pesos, dinero que por Ley están obligados a transparentar, para conocer el destino de dicho recurso, en qué rubros fue aplicado y el alcance de los mismos.

Según el acuerdo número ACT-PUB/30/04/2020.02, emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, se suspenden las labores, pero no la transparencia de la información, quienes al ser sujetos obligados, deben presentar los informes y los montos de financiamiento público, tal y como lo hacen los organismos públicos locales, tal y como lo marca el artículo 74 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Sin embargo, una vez que la pandemia provocó un cambio radical en la población, las actividades no esenciales fueron suspendidas, hasta nuevo aviso, entre ellas, las actividades que los partidos tenían contemplados llevar a cabo, y lejos de haber adoptado medidas y propuestas para sensibilizar a adoptar medidas sanitarias, los institutos políticos brillan por su ausencia.

La invitación

Ante el debate que se generó sobre el sostenimiento de los partidos políticos en época de pandemia, el mismo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, lanzó una invitación a que los institutos donaran parte de sus prerrogativas para destinarlas al sector salud.

¿La respuesta? Solo Morena hizo su reintegro de un 50% de su financiamiento correspondiente al resto del 2020; el resto simplemente ha hecho mutis a dicha propuesta del Ejecutivo.

Si bien, el recurso público entregado a los partidos políticos tiene una finalidad y no puede donarse a un fin distinto para el que fue asignado, por muy loable que sea, serían objeto de sanción por parte de las autoridades; pero esto no implica aplicar otro método por el que los partidos pueden renunciar a su recurso.

Para ello y de acuerdo al INE, los partidos deben notificar primero su intención de renunciar al financiamiento público; posteriormente, el Consejo General del INE determinará la viabilidad de dicha petición y solo se aplicará a las mensualidades que no se han entregado al instituto político; en caso de que el Consejo General determine viable la petición, el INE reintegra los recursos a la Tesorería de la Federación.

No aportan pero si reclaman con desconocimiento

En el caso de Puebla, los actores políticos no han perdido el tiempo para agarrarse de la pandemia y hacerse notar a través de reclamos para el “beneficio de los ciudadanos”, como es el caso de Genoveva Huerta, dirigente estatal del PAN, quien solicitó el pasado 27 de abril del presente año al Instituto Electoral del Estado investigar y supervisar el reparto de despensas gubernamentales a la población.

Otro actor que levantó la voz fue el diputado del PAN, Oswaldo Jiménez, quien exigió el pasado 7 de mayo al gobernador Miguel Barbosa Huerta, hacer cumplir el uso obligatorio de cubrebocas en mercados, supermercados, oficinas públicas y lugares públicos; de incumplir, deberían aplicando sanciones. Y fue más allá, al demandar al gobierno organizar operativos coordinados con la policía municipal, a fin de evitar los torneos deportivos, bailes y reuniones no esenciales en colonias y Unidades Habitacionales.

Sin embargo, dicha petición del legislador poblano ya vienen en el decreto del Ejecutivo del Estado del pasado 13 de abril, por el que establece, como medida de prevención para evitar la propagación del virus SARS-CoV2 (Covid-19) el uso de cubreboca, mascarilla o cubierta facial, que cubra nariz y boca, por todas las personas que se encuentren en los espacios públicos del Estado de Puebla.

Los que aportaron, pero lucraron con el apoyo

Pero no faltaron los actores políticos que, haciendo uso de los recursos y de su protagonismo, decidieron salir a las calles a hacer entrega de suministros y artículos básicos que requiere la población para evitar la propagación del Covid19.

En el caso de Puebla, son tres los diputados federales que están en la mira del INE: Nayeli Salvatori Bojalil, Fernando Manzanilla Prieto y Héctor Jiménez y Meneses, quienes desde el 1 de junio la Unidad técnica de lo Contencioso Electoral inició una investigación por la supuesta entrega de artículos durante la pandemia, ya que podría violentar la Constitución federal.

Estos tres legisladores, junto con otros 22, se les señala por violentar presuntamente el artículo 134 Constitucional, donde establece que la propaganda bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social, y en ningún caso la propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen la promoción personalizada de cualquier servidor público.

El caso más sonado fue Nayeli Salvatori, ya que al haber repartido artículos como gel, caretas y cubrebocas, mismos que difundió en sus rede sociales, encendió los focos en el INE a mediados de junio, donde el presidente de este organismo, Lorenzo Córdova, la exhortó a realizar dicha entrega, pero sin promocionarse.

Después de una exhaustiva investigación, el INE determinó a través de la Comisión de Quejas y Denuncias el pasado 30 de junio, aplicar medidas cautelares contra los legisladores poblanos y 61 servidores públicos más por aprovecharse de la pandemia y entregar insumos médicos promoviendo su imagen y nombre.

Mediante fotos y videos, el INE documentó y certificó publicaciones, notas y fotos que circularon en las redes sociales de los funcionarios promoviendo su participación en la entrega de apoyos, por lo que la sanción fue un llamado para abstenerse de promocionarse a través de dichos apoyos.

No lucrar con la pandemia

Por si fuera poco, el mismo gobernador Miguel Barbosa, en su conferencia matutina del 21 de julio, exhortó a los actores políticos así como a las instituciones, no lucrar con la pandemia con fines electorales.

“Pido que no se cuelguen de estos hechos tan complicados, dirigentes, Partidos, aspirantes quieren sacar raja política en este momento, evitemos protagonismos por favor”.

Aunque evitó revelar nombres de quienes han realizado estas prácticas, Barbosa Huerta les pidió actuar con responsabilidad recordando al mismo tiempo que será hasta que los tiempos electorales lo indiquen cuando los partidos y aspirantes a algún cargo de elección popular puedan promoverse, pero no en este momento delicado por el que atraviese no solo el estado, sino el país y el mundo entero.

Por el momento, no existen propuestas o campañas de sensibilización por parte de los partidos políticos que eleven la conciencia de los ciudadanos a adoptar las medidas pertinentes para evitar la propagación del virus, y pese a los instrumentos que puedan adoptar para aplicar desde sus espacios de actuación política y transparentar sus recursos, continúan en la opacidad y sin propuestas claras, donde la confrontación, la capitalización del miedo y la incertidumbre de manera dolosa, es el pan de cada día en sus declaraciones.

Así lo dijo