El cadáver de un bebé de tres meses apareció en la basura del penal de San Miguel, en la ciudad de Puebla, denunció este viernes la asociación civil Reinserta.

La organización, quien trabaja en las cárceles mexicanas, aseguró que lo que “se encontró en los botes de basura fue un bebé de tres meses que fue asesinado al interior del penal cuando ingresó en una visita familiar”.

Aunque autoridades no se han pronunciado de forma oficial sobre el tema, fuentes policiales afirman que la Unidad Especializada en la Investigación de Homicidios indaga los hechos con hermetismo.

Un interno que trabajaba en los contenedores de material de plástico reciclable, conocido como PET, encontró el cuerpo del bebé desde comienzos de semana cubierto con cal y dentro de una bolsa, pero apenas ahora se revela la información, según la prensa local.

Una de las versiones que investigan las autoridades es que desde el 5 de enero ocurrió la muerte del bebé, según documentos que se hallaron en la bolsa.

Reinserta cuestiona que haya pasado “por desapercibido el asesinato de este bebé y que un interno del mismo penal fuera quien notificara sobre este hecho al encontrarlo en los contenedores de basura”, añadió el comunicado.

El hecho refleja la crisis de derechos humanos que viven los penales de México, según la organización civil.

Solo en diciembre, en dos episodios distintos, hubo un asesinato y una riña entre internos en el mismo penal de San Miguel, según la organización.

“Reprobamos la falta de implementación de los protocolos de ingreso y la falta de espacios seguros para que las niñas y niños que están directa o indirectamente en contacto con las cárceles puedan convivir con sus familiares de forma segura”, sentenció Reinserta.

En 2021, los homicidios de menores de edad en México crecieron 2.7 por ciento hasta los 2 mil 240, lo que significa seis niños o adolescentes asesinados al día, según datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).

La radiografía

Puebla se ubica como el tercer estado con más población penitenciara que ha sido víctima de corrupción al interior de la cárcel y ocupa la deshonrosa posición número 31 de 32 entidades federativas, en el más reciente índice de Estado de Derecho 2020 – 2021, reprobando en el Factor 8 relativo a Justicia Penal, el cual evalúa la efectividad en la procuración e impartición de justicia, respeto a los derechos de las personas detenidas y en reclusión.

De acuerdo al Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria de la CNDH, los centros penitenciarios en Puebla están reprobados y por debajo de la media nacional en los rubros de garantizar la integridad de los internos, estancia digna, gobernabilidad en su interior, y reinserción de los internos.

“El sistema penitenciario en México se encuentra bajo una situación crítica en términos de condiciones al interior de las prisiones” así lo evidenció la organización EQUIS, Justicia para las Mujeres, en cuyo más reciente estudio señala que de los 32 Poderes Judiciales, sólo siete estados señalaron explícitamente en sus instrumentos de difusión que los asuntos referentes a las condiciones de internamiento deben atenderse para aminorar el hacinamiento por condiciones sanitarias en ocasión de la pandemia que se vive.

Además, sólo seis estados mencionaron que se atenderán planteamientos de las personas privadas de la libertad relacionados con la emergencia por covid-19, permitiendo así, ordenar a las autoridades administrativas adoptar medidas de revisión y atención médica, siete de treinta dos estados en donde Puebla no es de extrañar no aparezca.

La maternidad dentro de una cárcel

Hasta mediados de 2019, 29 menores vivían en prisión con sus madres. Ninguno tenía más de siete años y ninguno contaba con un área especial para su desarrollo. Es decir, para jugar o aprender, viviendo en condiciones insalubres, lo que constituye una violación al interés superior de los menores al seno de los centros penitenciarios.

En el caso particular, los centros penitenciarios en Puebla presentan condiciones de lamentar en los rubros de atención médica, alimentación para los hijos de las internas y acceso a servicios generales, lo que se corrobora dentro de la Recomendación 25/2020 el cual indica que el Centro de Readaptación Social de Puebla “no cuenta con personal para la atención adecuada, inmediata y especializada de los menores que viven con sus madres privadas de su libertad.”

El mismo organismo protector de derechos humanos acreditó para 2020 abusos al interior del centro penitenciario, recomendado investigar la comisión del delito de abuso de autoridad e incumplimiento de un deber legal, lo cual a la fecha ha sido opaco y sin determinación de responsabilidad alguna en contra servidores públicos, lo mismo que la mejora sobre condiciones de internamiento para asegurar a los internos y sus familias un trato digno.

La indignación que ha despertado a nivel nacional el macabro hallazgo de un bebé muerto al interior del centro penitenciario de Puebla es reflejo del abandono del sistema penitenciario y la ausencia de protocolos operativos en dichos centros de reinserción social, comentó el especialista de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODOC) Jorge Alberto Sauceda.

“Lo que más indigna es que a nadie le indigna la noticia de un bebé asesinado al interior de una cárcel”, señaló Luis Durán.

Investiga la CDH-Puebla

Tras el hallazgo del cuerpo de un bebé en los contenedores de basura del Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Miguel, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH) abrió un expediente para investigar los abusos en el caso.

Luego del hallazgo del lunes 10 de enero, el Presidente de la CDH Puebla, José Félix Cereso Vélez, instruyó la apertura del oficio del expediente de queja para la investigación de los hechos, identificado con el número ID240309.

La recomendación

Por deficiencias como personal no calificado, sobrepoblación y falta de higiene en comedores y sanitarios u otras áreas, la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla reprobó a seis Centros de Reinserción Social (CERESOS).

De acuerdo con el reporte publicado por el organismo, en 2021 se evaluaron 16 centros penitenciarios del estado poblano, que albergan al 76 por ciento de las personas privadas de su libertad.

De los 16 espacios, no fueron aprobados los Ceresos de Acatlán de Osorio, San Pedro Cholula, Huejotzingo, Chignahuapan, Tecamachalco y Huauchinango.

En cuanto al Cereso del municipio de Puebla, este obtuvo un puntaje de 6.6, lo que significa que sí tuvo observaciones, pero no al grado de otros centros penitenciarios.

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