La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación a CFE, Semarnat, y la Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas por no cumplir con los parámetros nacionales e internacionales al construir el Proyecto Integral Morelos, violando los derechos humanos de los habitantes de 27 municipios de Morelos, Puebla y Tlaxcala.

De acuerdo al documento emitido por esta instancia,  y que va dirigida a los titulares de dichas dependencias, señala que la del gobernador de Morelos, Graco Ramírez – y con una inversión de 20 millones de pesos- se realizó “sin el derecho de consulta previa, libre, informada de buena fe y culturalmente adecuada a pueblos y comunidades indígenas”, dado que éstas últimas se manifestaron por posibles repercusiones al ambiente.

La recomendación 3/2018, es el resultado de la acumulación de 45 denuncias que se formularon desde octubre de 2012 hasta junio de 2015 a través de 34 personas inconformes de las tres entidades, por llevarse este proyecto que considera una Termoeléctrica, un acueducto y un gasoducto que pasa por el volcán Popocatépetl.

Incluso, la recomendación destaca que el proyecto tiene un impacto sobre 930 mil 863 habitantes, de los cuales 51 mil 30 son indígenas principalmente de  Puebla, y  en la zona afectada se identifican 37 pueblos originarios y 38 comunidades de interés por contar con 150 habitantes indígenas.

Este proyecto con una vida útil de 25 años, aprobado por la Semarnat durante la administración del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa,  obtuvo su respaldo bajo el argumento de que se tendría una nueva historia de industrialización y comercialización.

Pese a los intentos por parte de la CDI para deslindarse del tema al asegurar que “ninguna autoridad solicitó su intervención en el tema”, su responsabilidad quedó acreditada tras las diversas reuniones que sostuvo con la comunidad nahua en Nealtican, Puebla. Derivado de ello, la CNDH determinó la responsabilidad institucional para dichas dependencias.

 

Las recomendaciones

El documento emitido por la CNDH emplazó a Rafael Pacchian, titular de la Semarnat, instruir a la Profepa, la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, vigilar el cumplimiento de los términos de las resoluciones en materia de impacto ambiental, y además, supervisen las condiciones de seguridad en la puesta en marcha y operación del proyecto.

En tanto, al titular de la CFE, Jaime Francisco Hernández Martínez  le pidió “atender las recomendaciones del Cenapred, dar mantenimiento a la infraestructura del PIM durante su vida útil; cumplir con el Plan Integral de Seguridad y Protección Civil y el Plan de Respuesta a Emergencia, con apoyo de la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación y, en su caso, considerando las recomendaciones del grupo de trabajo que se establezca, se cree un programa específico de protección civil”.

Mientras tanto, en el caso del director general de la CDI, Roberto Serrano Altamirano, le solicitó emitir una circular y se publique en el Diario Oficial de la Federación, dirigida al personal de la dependencia, que de conocer hechos como el del PMI, se someta a consideración de la instancia que se designe, para que asesore y garantice el derecho a la consulta previa, libre, informada, de buen fe y culturalmente adecuada.

Aquí, la recomendación 3/2018