La organización humanos Human Rights Watch retó al gobierno mexicano a sustentar con datos que al menos el 90% de las 47 mil muertes relacionadas al narcotráfico ocurridas desde 2006 corresponden a miembros de carteles matándose entre si.

El director ejecutivo de HRW para las Américas, José Miguel Vivanco, criticó el desempeño de las autoridades mexicanas, al señalar que la jurisdicción militar apenas ha emitido 29 condenas entre sus  tres mil 700 causas abiertas y que la Procuraduría General de la República (PGR) apenas ha reclamado jurisdicción en 997 causas, que provoca cargos contra 370 personas y han resultado en apenas 22 condenas.

“No entendemos cómo el gobierno sostiene que el 90% de los muertos son narcos que matan entre ellos. ¿Cómo puede sustentar eso, cuando no hay investigaciones?”, se preguntó. “Nos parece que se ha actuado con una irresponsabilidad enorme. El silencio del gobierno federal da la impresión de que no tiene cómo sustentar a fondo el problema”.

José Miguel Vivanco consideró que las autoridades mexicanas deberían adoptar una política de mayor tolerancia y transparencia, en particular en lo que se refiere al balance de esa estrategia.

Al respecto, pidió “tener la actitud de trabajar sin prejuicios, revisar las conductas y aceptar o tomar en cuenta la buena fe, los aportes, las críticas y los comentarios que se hacen desde fuera y también por parte de la sociedad civil en México”.

El experto también destacó la disposición que este y el anterior gobierno han mostrado a la cooperación con instancias internacionales, tanto de la ONU como de la OEA, “como de la sociedad que se encarga de promover los derechos humanos”.

Apuntó que México es uno de los países de la región con una política de puertas abiertas a los relatores de Naciones Unidas y a las distintas entidades que hacen estudios o documentan violaciones de derechos humanos.

“No tenemos la capacidad de documentar un fenómeno de la magnitud de lo que está pasando en México; lo que si podemos hacer es desafiar al gobierno de México es que fundamente ese argumento”, dijo.

Esa fundamentación debería basarse en evidencias e investigaciones “que le permiten a un gobierno federal sostener que 40 mil de las víctimas de homicidios, son narcotraficantes, y si los autores de esos crímenes también lo son”, indicó.

“Esa materia es una asignatura pendiente en México”, señaló Vivanco.

La PGR anunció a comienzos de enero que la lucha antinarcóticos desatada desde que el presidente Felipe Calderón tomó el poder ha dejado 47 mil 515 muertes desde diciembre de 2006 hasta septiembre de 2011.

El gobierno de México rechazó los señalamientos de HRW en su informe y aseguró que las fuerzas armadas mexicanas combaten el narcotráfico con apego a derecho y respeto a los derechos humanos.

La Secretaría de Gobernación, que coordina el gabinete de seguridad del presidente Felipe Calderón, señaló en un comunicado que se han puesto en marcha diversas acciones para fortalecer la cultura de respeto a las garantías individuales como la creación de la dirección general de derechos humanos del ejército y convenios de colaboración con la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

La dependencia mexicana afirmó que de las 6 mil 65 quejas interpuestas ante la Comisión contra efectivos castrenses, sólo 1,61% han concluido en una recomendación, que se emiten cuando hay evidencias de irregularidades, y en todos los casos el ejército ha iniciado una investigación.